Paredes de ladrillo

21:30 horas del 23 de febrero de 2014. Comienza un documental en LaSexta que traerá cola y protagonizará las tertulias y debates televisivos, las columnas y artículos de opinión de la prensa, y los editoriales radiofónicos. En efecto, se trata de Operación Palace, un reportaje falso que se basa en una teoría conspiratoria sobre la autoría del golpe de Estado del 23-F de 1981. En él, es el gobierno (entonces presidido por el recientemente fallecido Adolfo Suárez) quien prepara un “golpe” para adelantarse a las intenciones de los militares y así reforzar la democracia.

España (23’9% y hasta 6 millones en su minuto de oro, audiencias difíciles de conseguir por la actual fragmentación televisiva) se mantuvo en vilo durante la hora de duración del programa. Sin embargo, el final desveló el montaje. Todo lo dicho era mentira, ya que la verdad es imposible de emitir debido a una sentencia del Tribunal Supremo.

Évole realizó este reportaje a colación del cada vez más reivindicado derecho de acceso y el concepto de transparencia. ¿Por qué hay documentos públicos cuyo contenido no conocemos? ¿Por qué hay ciertas partidas presupuestarias cuyo empleo nos es desconocido u ocultado? ¿Por qué no podemos participar de las decisiones que, como ciudadanos y miembros de un Estado, nos afectan directamente? Son estas algunas de las preguntas que se hacen -nos hacemos- quienes defienden una mayor transparencia y el gobierno abierto: políticos, ciudadanos, agrupaciones ciudadanas como Civio o Access Info.

El Open Government o Gobierno abierto defiende que los temas de gobierno y de Estado han de ser abiertos a todos los niveles posibles en cuestión de transparencia, unido a la creación de espacios democráticos donde el ciudadano pueda participar. Todo esto favorecido por las nuevas tecnologías de la información. Básicamente, en ello se basa: una mayor transparencia y la participación de los ciudadanos en la configuración de las políticas públicas.

El Gobierno de Mariano Rajoy fue consciente de que la transparencia no es solo una exigencia ciudadana, sino política e incluso exterior (a raíz de los numerosos escándalos de corrupción que han hecho tambalear al Gobierno y al partido que lo sustenta). Por ello, encargó a la vicepresidenta la redacción de un proyecto de ley que en el período socialista había quedado guardado en un cajón: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Si bien es un gran avance, la Ley de Transparencia (que podría haberse convertido en un proyecto estrella, de no ser por los recortes y reformas que ha llevado a cabo el Gobierno) se ha quedado corta. De los 96 países con leyes de acceso a la información, la española aparece en el puesto 72. Y esto es, entre otras razones, por excluir demasiada información: instituciones como la Casa Real o el Banco de España sólo han de informar de sus aspectos administrativos, no de otras acciones. Como también critica Transparencia Internacional, las Administraciones Públicas sólo deberán informar acerca de sus bienes inmuebles, excluyendo otros activos como productos financieros. Además, el proyecto fue tramitado como ley ordinaria, y no orgánica: el acceso a la información no es reconocido como un derecho fundamental; y la ley no queda blindada por el consenso o las características de este tipo legal. Sin contar, entre otras, el hecho de que exista la posibilidad de silencio administrativo, que el organismo encargado del cumplimiento de esta ley dependa del Ministerio de Administraciones Públicas, que la mayoría de los preceptos tarden todavía dos años en entrar en vigor, que la mayoría de la información que se “libera” ya era pública, no se establecen plazos de desclasificación de documentos… y esto solo es una pequeña lista.

Aparte de no cubrir las expectativas, la Ley de Transparencia no ha sido vista entre la ciudadanía ni la clase política como una solución firme. El Gobierno ha de enfrentarse al descontento ciudadano por la dura situación económica y los casos de corrupción que salpican a instituciones y partidos de todos los colores (Gürtel y Bárcenas, en el PP; ERE, en la Andalucía del PSOE y que está comenzando a salpicar a IU; Pokémon, en Galicia…). Por ello, el Gobierno lanzó el Plan de Regeneración Democrática. Consiste en una serie de medidas a tomar para mejorar la calidad de la democracia: regular la figura del tesorero de los partidos, ciertas medidas en lo referente a la creación de partidos, respuestas penales a la corrupción… Algunas medidas ya se encuentran en el Congreso.

Pero la política siempre se queda varios pasos por detrás de lo que el ciudadano requiere. Los ciudadanos, en algunas de sus propuestas, lo que requieren es una mayor transparencia interna de los partidos, con limitación de los mandatos para sus cargos (hay algunos dirigentes que ya son parte, casi, del paisaje, como Cándido Méndez, secretario general de UGT desde 1994), democracia interna (elección de sus cargos mediante primarias) o cambios en la ley electoral, con una división proporcional de los escaños. El Foro de la Sociedad Civil propone también, entre otras medidas, sacar a los partidos de algunos ámbitos de la vida social o económica y mejorar la justicia, haciéndola más rápida y eficaz.

Algunos movimientos ya han actuado conforme a ello. Es el caso del partido político Podemos. Como parte de la confección de su lista a las europeas, ha organizado unas elecciones primarias que estarán supervisadas por la fundación Civio. En ellas se podrá votar por SMS, introduciendo posteriormente un código en la página web de la votación. Son 150 los candidatos respaldados por los círculos del partido, por lo que se asegura la pluralidad.

Este es solo un panorama de la actual situación de la transparencia y el gobierno abierto en España. En la actualidad (y sin que la Ley de Transparencia lo vaya a arreglar en un futuro próximo), las peticiones de datos se encuentran con verdaderas paredes de ladrillo. La burocracia y el sistema de las administraciones públicas hacen que el 57% de las solicitudes de datos conlleven un silencio administrativo. El falso documental de Jordi Évole es posible porque no conocemos la verdad de lo que ocurrió el 23-F. La corrupción se da porque los partidos son viejas estructuras en las que el ciudadano solo vota las listas que ellos mismos configuran. Noticias como que el Parlamento británico recibe 300.000 intentos de acceso a páginas porno resultan imposibles aquí en España.

Fundaciones como Civio o Access Info favorecen una mejora de la situación actual, criticando al sistema o analizando los datos de los que disponemos para tener una mejor visión de lo que realmente está ocurriendo. España es opaca y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno nos deja translúcidos. Aún hay mucho que hacer: nunca es tarde para refundar una sociedad democrática.

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